Esta semana, el Foro de Infraestructuras de la OCDE en París situó la resiliencia de las infraestructuras en el centro del debate internacional sobre políticas públicas. Uno de sus paneles, ‘Mejorar la resiliencia de las infraestructuras digitales: invertir en el futuro’, reunió a expertos de la industria y de organismos reguladores, incluida Alix Jagueneau, de GSMA, que aportó la perspectiva de la industria móvil. El debate pone de manifiesto cómo la resiliencia digital ha pasado de ser una cuestión técnica para los operadores a convertirse en una prioridad compartida por gobiernos, reguladores e industria, y ofrece un contexto útil para las reflexiones que siguen.
Si definimos la resiliencia como la capacidad de garantizar la continuidad del servicio, podemos apreciar que crear y mantener infraestructuras digitales resilientes es una prioridad fundamental, no solo desde una perspectiva económica, sino también estratégica y social. La importancia de contar con infraestructuras digitales resilientes está fuera de toda duda.
Esto se refleja en numerosos ámbitos, desde los Requisitos Básicos de Resiliencia de la OTAN de 2026, que identifican los ‘sistemas resilientes de comunicaciones civiles’ como un componente crítico de la resiliencia de la sociedad, hasta el proyecto legislativo en España que obligaría a los operadores a mantener cuatro horas de cobertura para el 75 % de la población en caso de fallo de la red eléctrica.
¿Por qué las infraestructuras digitales resilientes son ahora más importantes que nunca?
Las infraestructuras digitales nunca han sido tan esenciales. La primera razón es que a medida que avanza la digitalización tanto en las economías desarrolladas como en las economías en desarrollo, las infraestructuras digitales se han convertido en un pilar del crecimiento, la competitividad y la eficiencia tanto en el sector público como en el privado. La asociación internacional que representa al ecosistema de las comunicaciones móviles estima que el sector de las telecomunicaciones aportó más de 7 billones de dólares a la economía mundial en 2025, equivalentes al 6,4 % del PIB. Esencialmente, las economías modernas necesitan infraestructuras digitales para seguir siendo competitivas en un contexto de aceleración de los avances tecnológicos.
La segunda razón es que, del mismo modo que ha aumentado nuestra dependencia de las infraestructuras digitales, también lo han hecho los riesgos a los que estas se enfrentan. Los ciberataques potenciados por la inteligencia artificial están alcanzando una escala, un alcance y una velocidad sin precedentes, lo que exige mayores inversiones, capacidades técnicas y anticipación para hacerles frente.
Además, el cambio climático aumenta la probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos que a menudo causan daños significativos a las infraestructuras críticas. Como ejemplo, GSMA calcula que las tormentas graves y las inundaciones cuestan a los operadores móviles 1.700 millones de dólares anuales en reparaciones y sustituciones, y que estos costes podrían casi duplicarse hasta superar los 3.000 millones de dólares anuales en 2050. En más de 50 países, las grandes tormentas e inundaciones coincidieron con alrededor de 150 interrupciones anuales de las telecomunicaciones entre 2022 y 2024, afectando a cerca de 215 millones de usuarios cada año.
En pocas palabras, a medida que el entorno de riesgos se vuelve más complejo, también aumenta la importancia de redoblar los esfuerzos para construir infraestructuras digitales resilientes.
¿Qué se puede hacer para reforzar la resiliencia de las infraestructuras digitales?
Una vez establecido que existe consenso tanto sobre la importancia de unas infraestructuras digitales resilientes como sobre las crecientes amenazas a las que se enfrentan, el debate se centra en cuál es la mejor manera de crear las condiciones e implementar las soluciones que permitan reforzar de forma más eficaz la resiliencia digital. El panel de la OCDE ofreció varias perspectivas útiles sobre esta cuestión.
La contribución de GSMA se produjo pocos días después de la publicación de sus nuevos principios de política pública sobre resiliencia de las redes móviles, que establecen cinco prioridades: evitar una regulación prescriptiva en favor de políticas basadas en resultados que favorezcan una inversión sostenida; reforzar el principio de resiliencia desde el diseño; consultar desde las primeras fases y diseñar teniendo en cuenta la realidad operativa; desarrollar políticas de resiliencia basadas en una responsabilidad intersectorial; y reforzar la confianza mediante claridad, transparencia y continuidad.
Una de las ideas que surgió es que el carácter transfronterizo e intersectorial de las infraestructuras digitales implica que ningún actor puede ser considerado plenamente responsable de garantizar su resiliencia. Del mismo modo que los efectos de una interrupción del servicio repercuten en el conjunto de la sociedad, los distintos actores deben coordinarse y cooperar para proteger las infraestructuras digitales. Esto exige una consulta periódica y estructural entre gobiernos e industria, y entre reguladores y operadores.
Esta responsabilidad compartida también debe reflejar la naturaleza y el origen de los riesgos. Las medidas de resiliencia son más eficaces y equilibradas cuando las responsabilidades se abordan en su origen, siendo cada sector el principal responsable de la continuidad y resiliencia de los servicios esenciales que presta. En el caso de las interrupciones del suministro eléctrico, por ejemplo, las medidas destinadas a reforzar la resiliencia del sistema eléctrico siguen siendo fundamentales, y los actores del sector energético desempeñan un papel central a la hora de garantizar la continuidad del suministro, complementadas únicamente, cuando proceda, por medidas proporcionadas de preparación por parte de otros agentes, como los operadores de telecomunicaciones.
En lo que respecta específicamente al sector de las telecomunicaciones, la planificación y la incorporación de una redundancia real en las infraestructuras digitales constituyen otro pilar fundamental de la resiliencia. Como ejemplo, la actual concentración de las rutas de los cables submarinos en determinados puntos geográficos pone de relieve la importancia de contar con una mayor diversidad y redundancia de rutas. Por tanto, es importante comprender las posibles dependencias y concentraciones de riesgo e incorporarlas a la planificación de la resiliencia antes de que se produzca una crisis. Esto requiere una estrecha coordinación, evaluaciones de riesgos y preparación conjunta entre gobiernos y operadores. Más allá de disponer simplemente de sistemas de respaldo, también es importante ponerlos a prueba con frecuencia mediante ejercicios para garantizar que funcionen según lo previsto durante una emergencia. Como señaló uno de los participantes en el panel, “la resiliencia no se puede improvisar”.
Además de la coordinación y la planificación, durante el panel de la OCDE se destacó reiteradamente la importancia de la financiación. Una vez más, se señaló que la colaboración público-privada es indispensable. Si bien el sector privado es responsable de construir y operar las infraestructuras digitales, el sector público desempeña un papel importante a la hora de crear las condiciones que favorezcan la inversión en el sector. Esto puede lograrse mediante un marco regulatorio predecible y simplificado, centrado en los resultados en lugar de en soluciones técnicas prescriptivas. Asimismo, los gobiernos pueden utilizar inversiones iniciales ‘catalizadoras’ para movilizar capital privado, haciendo que las infraestructuras digitales resulten oportunidades de inversión más atractivas.
Esta colaboración público-privada en materia de financiación es fundamental, porque, sin ella, las empresas privadas tendrán dificultades para asumir simultáneamente los costes de los requisitos básicos de resiliencia e invertir adecuadamente en innovación. En el peor de los casos, las empresas podrían verse obligadas a sacrificar resiliencia en favor de la innovación, o viceversa. Para evitar esta disyuntiva, los sectores público y privado deberían colaborar para alcanzar un planteamiento mutuamente beneficioso.
Por último, dado el impacto potencialmente catastrófico de los desastres naturales, los sistemas de alerta temprana pueden resultar muy útiles. Iniciativas como ‘Alertas Tempranas para Todos’ de Naciones Unidas, por ejemplo, aspiran a lograr una protección universal frente a fenómenos hidrometeorológicos, climatológicos y medioambientales peligrosos mediante sistemas de alerta temprana capaces de salvar vidas para finales de 2027.
A medida que nuestras economías y sociedades dependen cada vez más de la conectividad, la resiliencia debe convertirse en una prioridad estratégica compartida. Gobiernos, reguladores e industria deben trabajar conjuntamente para identificar vulnerabilidades, desarrollar una redundancia real, poner a prueba el nivel de preparación y facilitar una inversión sostenida. Un marco predecible y flexible puede garantizar que las infraestructuras digitales de Europa resistan los riesgos actuales y, al mismo tiempo, respalden las tecnologías y oportunidades económicas del futuro, sin tener que elegir entre resiliencia e innovación.
